El exasambleísta César Montúfar y el activista político Fernando Villavicencio presentaron ayer una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del Decreto Ejecutivo 1075 emitido el 23 de junio pasado.
Pidieron la suspensión de los efectos de dicho documento y que se declare su inconstitucionalidad. Además advirtieron que, al haber sido emitido para lograr conseguir un crédito con China que perjudicaría la rentabilidad de la empresa estatal Petroecuador, se estaría cometiendo un delito de peculado.
El Decreto 1075 reforma el 822 de noviembre de 2015, el cual establecía las facultades de gerentes y directorios de las empresas públicas.
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El Gobierno se vio en la necesidad de dictar ese decreto luego de que la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador emitiera un informe negativo sobre la conveniencia de la operación comercial que se relaciona con dicho crédito. Según los cálculos del informe se podría tener una pérdida de $119 millones para la empresa. El Decreto 1075 establece, en su parte medular, que el directorio de las empresas, ante el pedido del Ministerio de Finanzas, no se limitará a considerar el tema de utilidad de la empresa sino un beneficio financiero y económico para el Estado.
Finanzas busca viabilizar la firma de un crédito por $1400 millones con el Industrial Commercial Bank of China (ICBC), que está atado a petróleo.
Tras la emisión del decreto, el directorio de Petroecuador ordenó a la gerencia modificar la política comercial de la empresa, que establecía que se buscará maximizar los ingresos. Hace pocos días se aprobó la nueva política, en la cual se resalta que la prioridad ya no es la rentabilidad sino un análisis de ventajas para el Estado.
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De acuerdo con el documento presentado por los demandantes, y auspiciado por el abogado Raúl Cabanilla Oramas, el sometimiento de la empresa pública al ente rector de Finanzas que se establece el decreto, no ha sido considerado en las políticas de la empresa ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en los artículos 5 y 6 del Decreto 822 de 2015. Todo ello volvería al decreto inconstitucional, dijeron. (I)
