Al terminar este 2020, la Corte Constitucional (CC) ha tramitado seis pedidos de dictamen de constitucionalidad de consultas populares de organizaciones sociales y sujetos políticos. Y solo uno de estos aún está en trámite.
De estos seis pedidos, tres fueron sobre temas relacionados con minería, dos sobre asuntos económicos, y la que impulsó el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot junto a varios representantes de la sociedad civil.
Este es un número menor al que se registró en el 2019, cuando ingresaron 24 solicitudes de dictamen previo de constitucionalidad para reformar la Carta Política y convocar a consultas populares sobre temas territoriales, del funcionamiento del Estado, para que vuelvan los juegos de azar, para que se instale una Asamblea Constituyente; y, hasta para que en el Ecuador rija la cadena perpetua y la pena de muerte por delitos sexuales, narcotráfico, y otros.
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En cambio, en este año, una de las primeras solicitudes de dictamen previo de constitucionalidad para ir a una consulta popular sobre prohibiciones para la explotación minera la presentó el ex prefecto de Azuay, y actual candidato a la Presidencia de la República, Yaku Pérez.
El primero se presentó el 8 de enero y planteaba una consulta para prohibir sin excepción las actividades de explotación de minería metálica a gran escala en Azuay, y a la par, que se cancelen las concesiones mineras que hayan sido otorgadas con anterioridad al pretendido plebiscito.
La Corte negó y archivó su propuesta porque incumplía con los parámetros de control material.
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El 3 de agosto, Pérez volvió a ingresar una solicitud de dictamen, pero solo para la prohibición minera en el bosque Yanuncay/Irquis, ubicado en Cuenca (Azuay).
La CC volvió a negar su pedido porque no cumplió con los requisitos formales y porque existía indeterminación en las medidas por adoptar.
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En este ámbito, la única causa relacionada con la prohibición minera que tuvo un dictamen favorable fue la que presentó el Concejo Cantonal de Cuenca, compuesta de cinco preguntas.
Esta se resolvió en menos de quince días. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, ingresó la propuesta el 8 de septiembre de 2020, y el 18 de septiembre se emitió el dictamen favorable.
Con esta consulta se busca el pronunciamiento de 435.963 cuencanos sobre si están de acuerdo con la explotación a gran escala en las zonas de recarga hídrica en los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángar, Tomebamba, Norcay.
El Consejo Nacional Electoral aprobó el diseño de la papeleta electoral de la consulta popular por el agua que se realizará el 7 de febrero, después de que la Corte Constitucional emitió un dictamen afirmativo a esta propuesta. Cortesía.
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Este plebiscito será parte de las elecciones generales de febrero del 2021, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria, el diseño de la papeleta y documentos electorales; e incluso hay ocho organizaciones sociales y políticas que se han inscrito para realizar la campaña electoral por el Sí y por el No.
Otros dos pedidos de constitucionalidad para dos consultas con diferentes propósitos los realizó el ciudadano Marco Harb Cordero.
Una de ellas planteaba eliminar el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal, para que se despenalice el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuesta, o negocios dedicados a los juegos de azar y se permita su funcionamiento regulado por el Estado.
Esta causa se negó porque los considerandos contenían “criterios personales”, inducían a una respuesta del electorado, y no empleaban un lenguaje neutro; tampoco se planteaba un texto normativo que remplace al artículo que se proponía derogar.
Otra propuesta de Harb Cordero era que se modifique el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se integre por un representante de la Función Ejecutiva, de los empleadores, de los jubilados y de los asegurados.
El pleno la negó y archivó porque los electores solo podían seleccionar entre las diversas formas de integración del Consejo, pero no de las formas de elección del presidente, por lo que su solicitud incumplió con los requisitos formales.
Una última propuesta de consulta popular la impulsan 18 organizaciones sociales, que surgió como una iniciativa del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
Este pedido de dictamen versa sobre catorce preguntas con temas penales y económicos. Por ejemplo, aumentar de 14 a 50 años la pena en casos de violación agravada con muerte de la víctima, que el Estado otorgue líneas de crédito con tasas de interés preferenciales a pequeños productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, artesanales.
Que se les otorgue de forma gratuita semillas y plántulas; también material genético bovino y pecuario; que se sancione a quienes ejerzan prácticas dolosas y perjudique a estos sectores productivos, entre otras preguntas.
La competencia de la elaboración del proyecto previo de constitucionalidad está en el despacho de la jueza constitucional Carmen Corral, de acuerdo con los registros de la CC.
En este contexto, la Corte tiene otro pendiente. Deberá pronunciarse sobre una solicitud para el inicio de una fase de seguimiento a un dictamen de constitucionalidad para el referéndum y consulta popular para la reforma parcial de la Constitución, del Comité por la Institucionalización Democrática.
Este colectivo, liderado por Pablo Dávila y otros actores políticos, plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), transformar la Asamblea Nacional en bicameral, y que la Fiscalía general tenga independencia administrativa en la Función Judicial.
Pero la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional resolvió en el trámite del proyecto para segundo debate de estas propuestas, "no considerar el modelo bicameral para la Función Legislativa".
El comité denunció el 15 de diciembre ante la Corte que con esta decisión se están violentando los derechos de participación ciudadana y la obligación de los asambleístas de tramitar y aprobar el contenido íntegro de la propuesta.
Piden que se pronuncie sobre si la Asamblea está “alterando” la “esencia” del proyecto de reforma parcial, incumpliendo el dictamen previo de constitucionalidad aprobado por los jueces constitucionales, que dio paso al referéndum.
En esa línea solicitan que se “active la fase de seguimiento” del dictamen a la “brevedad posible”.
Este expediente recayó para su sustanciación en el despacho del juez Alí Lozada. (I)
