Claudia Escobar, de la Ceicce: La lucha contra la corrupción no debe quedarse como promesas vacías

En cinco meses concluirá el gobierno de Lenín Moreno y uno de sus ofrecimientos para la lucha contra la corrupción sigue pendiente. Se trata de la Comisión de Expertos Internacionales de Combate a la Corrupción en el Ecuador (Ceicce), que se conformó en mayo del 2018 con los extranjeros Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez, Claudia Escobar, Vladimir Aras y Carlos Hernández, pero nunca entró en operación. Escobar, en una entrevista con este Diario, cree que hubo falta de voluntad política de Moreno para ponerla en marcha y que se impida que las instituciones judiciales y de control del país puedan contar con asesoría internacional para investigar incluso los delitos de 'cuello blanco'.

¿Cuáles fueron los obstáculos para la integración de la Ceicce?

Faltó voluntad política del gobierno de Lenín Moreno para concretar la idea de una comisión independiente anticorrupción. Lamentablemente, parte del error es que se apresuraron a dar el anuncio de una comisión que no tenía la solidez, la naturaleza jurídica para actuar. Incluso, creo que los comisionados fuimos de alguna manera utilizados para hacer este proyecto que tenía muy buenas intenciones, pero no se concretó. Este dicho de que de buenas intenciones está plagado el que vino al infierno es un poco cierto. Se nos contactó y se nos invitó a ser parte de este organismo que iba a ser respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que tenía que concretarse a través de un convenio o acuerdo, pero que nunca se llegó a suscribir. Ni siquiera se han cancelado los honorarios que se habían pactado.

Pero el Gobierno comprometió la entrega de $ 1 millón...

Se ofreció dar el dinero, pero no suscribieron el acuerdo. Para que la ONU pudiera utilizar ese dinero, ellos tenían que haber firmado un acuerdo de cómo se iba a ejecutar. Pusieron el dinero sobre la mesa, lo entregaron porque era el trámite administrativo, pero el siguiente paso que era suscribir ese convenio, no lo llegaron a hacer. Todos los meses que nos presentamos en Ecuador nos decían que ya se iba a firmar, que era un trámite administrativo... Nunca llegó a suscribirse, nunca se llegó a concretar porque el convenio nunca se firmó. Otros factores que incidieron -porque a mí me cuesta decir que hubo mala fe de alguno de los actores- fue la falta de ejecución de las personas que debían firmar ese proyecto.

¿Qué otros factores?

Hubo ciertas situaciones que no se pueden ignorar, como las protestas de octubre ​del 2019 en Ecuador. Nosotros desarrollamos el marco legal, que era el estatuto y lo entregamos. Y se seguía alargando la firma del proyecto, porque podemos tener la idea de cómo combatir la corrupción, pero si no se dan las herramientas, no se puede. Se iba a establecer cuáles eran las asesorías técnicas para las instituciones, pero no dieron los recursos. Otro factor fueron los cambios en el gabinete, que fueron tres en la Secretaría Anticorrupción, que estaba a cargo del proyecto. En febrero nos reunimos con el presidente Moreno en Washington y él externó que estaba consciente de las complicaciones, que seguían con la voluntad, que se iba a concretar, que el dinero estaba puesto y que por favor continuáramos respaldando el proyecto. Nos quedamos con los boletos comprados para ir al Ecuador en marzo, pero vino la pandemia. Y en mayo se cerró la Secretaría Anticorrupción y ahí quedó todo. No volvieron a tener comunicación con nosotros. Tratamos de comunicarnos con la Cancillería, con la ministra del Interior, y recibimos unas comunicaciones escuetas que no aclaraban cómo se iba a continuar.

Ecuador está a las puertas de elegir un nuevo gobierno, ¿la lucha contra la corrupción debe ser un eje de trabajo?

No tengo conocimiento de ninguna de las propuestas de los partidos políticos. Sin embargo, no debe ser solo un discurso político, porque hemos visto en varios países, no solo en Ecuador, que utilizan la lucha contra la corrupción como un discurso político en las campañas. Luego, en el momento en que toman posesión de los cargos, no cumplen y se quedan como promesas vacías, como lo que pasó con el gobierno de Moreno, que ofreció la creación de la comisión, pero no le dio la fuerza y se quedó en una oferta. Es una pena que en Ecuador no se haya podido implementar este esfuerzo porque distintos sectores de la sociedad están abiertos y sienten esa necesidad de establecer un esfuerzo legítimo que trabaje estos temas a fondo. Lo que faltó fue una voluntad política que se concretara en acciones.

En Ecuador hay leyes que sancionan los actos de corrupción e instituciones que en casos duplican funciones. No se trata solo de normas, ¿en dónde está el problema?

Existen ventanas de oportunidad porque no se hacen las legislaciones adecuadas. No solo debe existir una ley anticorrupción, sino que sea efectiva. Debe haber un alto sentido ético de los funcionarios que van a aplicarla porque si no, se falla. Muchas veces, los funcionarios son cercanos al poder, a los partidos políticos y utilizan los cargos para llenar una vacante que debería ser llenada por alguien muy técnico, comprometido, con un sentido de honestidad. Ahí estamos fallando: no solo es el marco normativo, sino también el compromiso de quienes van a implementar las normas.

¿Qué radiografía hace de Ecuador en la lucha contra la corrupción?

Hay temas estructurales que están dentro de las instituciones. Esa facilidad de defraudar la confianza de los ciudadanos y aprovecharse de los recursos se puede resolver a través de reformas legales para prevenir. Si el marco normativo no está claro, se puede facilitar la corrupción. Se abren esas ventanas y espacios para corromper. Cuando ya se ha gestado, debe investigarse, debe haber independencia de los tribunales, y también depende de la ética de quienes están a cargo de las entidades de justicia. Y ese es un aspecto en el que queríamos incidir apoyando la formación de funcionarios que combatan la corrupción, y crear organismos específicos dentro de las propias instituciones. Por ejemplo, fiscalías anticorrupción, juzgados dedicados a este tipo de delitos, para lo que se buscaba capacitar y formar personal especializado porque cada vez hay maneras más novedosas de ejercer actos de corrupción. Los delitos de cuello blanco que necesitan de cierta especialización para investigar y probar. Podemos saber que hay corrupción, pero si no tenemos todas las herramientas para probar, los jueces tampoco pueden sancionar porque la investigación no fue eficiente. (I)