El Gobierno espera concluir su período sin mayor contratiempo; sectores sociales se mantienen a la expectativa

A más de un año de la conflictividad de octubre del 2019, con el uso de fondos inyectados por los multilaterales en programas de ayuda social y deudas atrasadas, y el anuncio de la llegada de vacunas contra el COVID-19 a los diez meses de pandemia, el Gobierno ya no espera mayor conflictividad en los últimos cinco meses de mandato.

En declaraciones de mediados de diciembre, el presidente Lenín Moreno fue enfático en afirmar que, "de aquí, en adelante", lo que puede dejar son "propuestas", y será el próximo gobierno que decidirá si las aprueba o no, "de manera libre".

Moreno hizo esta declaración poniendo de ejemplo las reformas tributarias, que son parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y estarían listas para su envío en abril, un mes antes del fin de su mandato.

Más allá de las preocupaciones de empresarios y trabajadores, el mandatario aseguró que en este proyecto no se propondría el aumento de impuestos, sino la optimización del cobro de los ya existentes, en especial, a los evasores.

En la propuesta también quedará la posible firma de un Acuerdo Comercial Integral con Estados Unidos (EE. UU.) que, con Moreno, alcanzó la primera fase, pero dependerá del próximo mandatario continuar la negociación de los temas sensibles como los productos agrícolas.

Aparte de la reforma tributaria y el Acuerdo Comercial con EE.UU., hay otros cambios que el mandatario calificó como "acuciantes", es decir, urgentes. En este rango están las reformas laborales y monetarias.

Sobre las laborales, Moreno dijo que el proyecto de reformas está casi listo, en noviembre; pero, la primera quincena de diciembre, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, dijo que el proyecto será presentado "cuando el momento sea oportuno".

El Ministerio de Trabajo intentó eliminar la dicotomía entre empresarios y trabajadores y abrió el abanico para desempleados, informales, artesanos, mujeres y jóvenes en el espacio denominado "Juntos por el empleo" para elaborar una propuesta de reforma estructural, entre agosto y octubre, los resultados estaban previstos para fin de año.

Para el analista político y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Santiago Basabe, en realidad serán cuatro meses, de enero a abril, y en este tiempo "no va a pasar mucho", porque el Gobierno necesita una mayoría en la Asamblea y "el presidente no tiene partido, si quiera". Además, de que son tiempos electorales y difícilmente van a tener la aprobación de otro proyecto.

"Van a dejar pasar el tiempo y esperar para entregar el poder, no creo que puedan tener capacidad de mucho más que eso (...) Sin pandemia, la permanencia de Gobierno hubiera sido un tema, al menos, de discusión", expresó Basabe.

En tanto, las expectativas sobre las acciones del Gobierno entre trabajadores, empresarios y otras organizaciones sociales son diversas.

José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), manifestó que, desde enero, continuarán con la resistencia y las movilizaciones nacionales con la participación de organizaciones sociales y sindicales que buscan reformas a la Seguridad Social.

"Vamos a continuar con la resistencia y la lucha porque el Gobierno quiere cumplir a rajatabla las imposiciones del FMI en estos meses que le quedan: está en camino la reforma tributaria que dice que ya no va porque ya no tiene apoyo en la Asamblea. No vamos a permitir más reformas laborales y tampoco incremento de impuestos", agregó.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sostiene que este Gobierno le queda debiendo a este sector varias reformas que ya no las podrá realizar por su debilidad y por las pretensiones electorales de los partidos que están representados en la Asamblea. Aunque, la reforma al Banco Central del Ecuador es algo que deberá cumplir porque es uno de los pedidos del FMI para continuar con los desembolsos.

"El Gobierno nunca hizo las reformas estructurales que debió hacer aprovechando la popularidad en inicio (...) Nunca se hizo la reforma tributaria que iba a ayudar a recaudar más, nos queda debiendo la reforma laboral. No se hizo ninguna reforma en el Código Monetario que ayude a atraer nueva inversión, nunca se bajó el impuesto a la salida de divisas. Tampoco se hizo reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", son algunos de los cambios que mencionó Alarcón y que no realizó el Ejecutivo.

En octubre, la Confederación de Nacionales Indígenas (Conaie) lanzó un manifiesto en el que señaló que continuará en resistencia permanente si el Gobierno insiste en medidas económicas "que afecten al pueblo". "Ahora hay más sectores afectados, indignación y malestar social, por toda la profundización de la crisis, si hay otro octubre será más fuerte", aseguró. (I)