Pese a que Petroecuador EP ya anunció el 12 de noviembre a Hispana de Seguros como empresa ganadora del millonario contrato de $ 54,8 millones por una póliza contra todo riesgo petrolero, el proceso aún tiene varios escollos que sortear.
Al menos dos procesos judiciales que provienen desde Seguros Sucre y el Servicio de Contratación Pública, ponen en vilo la firma del contrato. En paralelo, la Contraloría General del Estado inició un examen especial al proceso el mismo 12 de noviembre, aunque lo hizo atendiendo el pedido de la propia empresa petrolera. El objeto de este examen es determinar si el proceso precontractual, para la contratación del servicio de Seguro de Todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil Marítima y no Marítima, cumplió las disposiciones y procedimientos establecidos en la normativa de contratación.
Todo esto sucede mientras el 6 de diciembre se termina la vigencia de la actual póliza que ampara los activos de Petroecuador y que está a cargo de Seguros Sucre.
Publicidad
De acuerdo con el gerente de Petroecuador, Ricardo Merino, desde 2016 Seguros Sucre se ha mantenido a cargo del aseguramiento con base en 16 extensiones de los contratos, es decir, sin licitación. Esto representa 1.512 días de prorrogados.
Es que el proceso de contratación de seguros se ha visto detenido por diversos motivos. Entre ellos, reparos del mismo Sercop y, en el último tramo, la cancelación por parte de la propia Petroecuador del proceso que había iniciado el exgerente Pablo Flores.
Para el 25 de noviembre está prevista una audiencia solicitada por Silvana Vallejo, directora de Sercop, para pedir la anulación de la medida cautelar emitida por el juez Hans Kelsen Jiménez Plaza y que dejó insubsistente un informe de Sercop que contenía observaciones realizadas al proceso de adjudicación y que, además, dispuso que la entidad se abstenga de realizar acciones que pudieran entorpecer dicho proceso.
Publicidad
De acuerdo con Vallejo, el Sercop estaba cumpliendo su rol de supervisión para precautelar los dineros públicos. En este proceso hizo tres hallazgos u observaciones: Petroecuador no había incluido el estudio de mercado para justificar el presupuesto referencial, ni se establecían las multas ni los ítems a ser adquiridos.
La funcionaria dijo que la decisión del juez tiene repercusiones gravísimas, pues se está restringiendo todo proceso a un órgano de control y además se estaba pronunciando sobre un acto que no era de su competencia. Por ello, el Sercop ha presentado la petición de revocatoria de la medida cautelar y que se establezca la incompetencia del juez en este asunto. También rechazó que la medida del juez se la haya hecho de manera indefinida cuando una medida cautelar debe ser temporal.
Publicidad
De acuerdo con Vallejo, la medida impidió que el Sercop continúe con el proceso y emita su comentario final. Por ello, de levantarse la medida cautelar, dijo, todo volvería al punto de inicio y se tendría que esperar a que el organismo emita su conclusión.
Al ser consultada sobre qué podría suceder si mientras se desarrolla todo el proceso se cumplen los plazos y Petroecuador no tiene aún a la empresa aseguradora de sus bienes, Vallejo dijo que esto es una responsabilidad de la propia petrolera. Dijo que no necesariamente debería emitirse una nueva extensión a Seguros Sucre (que es la aseguradora que tiene la póliza vigente), dijo que existen otras formas más directas de elegir a la aseguradora.
Entre tanto, hoy se realizará otra audiencia pública para resolver sobre una medida de protección solicitada por Seguros Sucre, una de las tres empresas que participaron en la licitación y que no resultó ganadora.
Sucre impugna la calificación que hiciera la Comisión Técnica de Petroecuador, que argumentó ciertos errores aritméticos y recalculó las ofertas de las empresas participantes.
Publicidad
La estatal alegó que al realizar la evaluación económica, la Comisión decide cambiar de forma inesperada, ilegal e ilegítima la puntuación, dando un resultado total de Seguros Sucre, 92.25 puntos; Latina Seguros, 93.61; e Hispana de Seguros, 97,06.
Sucre considera que se han violentado sus derechos constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso. En este sentido pide que se declare la vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Pide además que se ordene que el informe de la Comisión sea elaborado de forma válida y apegado a la ley, sin modificar los precios unitarios presentados por cada uno de los oferentes.
Comisión de Soberanía llama esta semana a las empresas que no ganaron
La Asamblea también se suma a la serie de organismos que están pendientes de la adjudicación de la póliza de seguros de Petroecuador. La Comisión de Soberanía, presidida por Fernando Flores (CREO), resolvió recibir esta semana a la directora del Sercop, Silvana Vallejo, y a los representantes de Seguros Sucre y Latina de Seguros para que expongan sus observaciones sobre el proceso de adjudicación que está en la fase de firma del contrato.
La Comisión tomó la decisión luego de que el pasado viernes recibiera a las autoridades petroleras: el ministro de Energía, René Ortiz, y al gerente de Petroecuador, Ricardo Merino.
Durante la comparecencia el equipo técnico de Merino demostró cómo los cálculos de las empresas Seguros Sucre y Latina Seguros habían incurrido en errores aritméticos, luego de aplicar una fórmula única, dijeron, para el cálculo de las primas.
Antes, el ministro Ortiz había dejado en claro que la contratación de pólizas es de responsabilidad exclusiva de la empresa petrolera estatal, al tener autonomía.
El gerente de Petroecuador fue interrogado sobre la identidad de Luis Fernando Espinosa Salas, un ciudadano que interpuso una medida cautelar ante un juez multicompetente de Pedro Carbo, para que no se detenga el proceso de adjudicación.
Merino explicó que ni él ni la empresa tienen conocimiento de quién es esta persona.
Además se le interrogó la razón por la cual se le permitió a Seguros Sucre participar si se conocía que esta empresa estatal tiene una deuda de $ 32 millones con la petrolera. Respondió que esto depende de la habilitación que hace el Sercop. La empresa no se encuentra inhabilitada por ese organismo, por lo cual puede participar.
