La tarde de este martes 12 de julio, el juez Carlos Cárdenas ordenó la suspensión temporal de las actividades mineras que la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) mantiene en la zona sur de la provincia del Azuay. La falta de una consulta previa libre e informada a la población fue el argumento principal para paralizar el proyecto Loma Larga, conocido también como Quimsacocha.
La audiencia para resolver la acción de protección se cumplió en el Complejo Judicial del Azuay y participaron varios actores sociales y políticos. Unos abogaban a favor del Estado ecuatoriano, otros por DPM y un tercero por las comunidades. Al final se determinó que al existir en la zona de influencia como Tarqui o Victoria del Portete poblaciones indígenas, se debió cumplir con la Constitución en donde se manda que antes de iniciar una fase de extracción minera se debe hacer la consulta, situación que no se cumplió para las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal, emplazadas en los cantones San Fernando, Girón y Cuenca dentro de un territorio aproximado de 9.000 hectáreas.
