No podía respirar. Bajaba de 87 la saturación de oxígeno en su sangre. Dos médicos, el de una ambulancia y el que primero lo vio, lo enviaron directo a hospitalización. Llegó la mañana del sábado 2 de enero a emergencias de una clínica privada del norte de Guayaquil.

Ingresó con el seguro particular que tiene por su trabajo. Le pusieron oxígeno y lo empezaron a tratar por el COVID-19 que tenía.

Él había empezado con fiebre y malestar corporal el 26 de diciembre último. El 28 se hizo una prueba PCR particular para descartar la infección por coronavirus. El 30 de diciembre le confirmaron que dio positivo para COVID-19. Y el 2 de enero ya le faltaba el aire.

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A Carlos (nombre protegido), de 36 años, lo hospitalizaron por medio de su seguro privado y lo ubicaron en una habitación compartida, con otro paciente con COVID-19, porque era lo que tenía disponible la clínica, les dijeron. Sus parientes aceptaron porque necesitaban que lo atendieran pronto para evitar más complicaciones y porque el seguro particular les cubría la estancia en ese hospital.

Al inicio, cuentan familiares, les indicaron que cuando se le terminara el cupo del seguro privado, $ 8.000 el tope máximo (por enfermedad al año) para él, debían cubrir por su cuenta el resto de gastos por hospitalización hasta que se termine el tratamiento y le den el alta.

Ahí, los parientes de Carlos dijeron que entonces aplicarían al seguro social, puesto que también es afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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Y enseguida les aseguraron que no tenían cama en el área donde estaban hospitalizados los del Seguro Social y que en el momento de aplicar a esa cobertura debían esperar por una cama, por la aprobación del IESS o incluso tenían que movilizarlo a un hospital del IESS con disponibilidad de camas.

Ante esto, el lunes 4 de enero sus familiares angustiados hicieron consultas y llamadas. Enviaron incluso un correo al IESS para ver qué podían hacer por el paciente o qué trámite debían seguir, entre otras gestiones. También pidieron ayuda a la ejecutiva de cuenta de la aseguradora médica privada, a personal de recursos humanos del trabajo de Carlos y a otros colegas y amigos.

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Hasta antes del mediodía de este miércoles, el paciente ya había ocupado un poco más de $ 4.800 de los $ 8.000 de cupo, tope de su seguro particular por cada enfermedad. Y luego de que su esposa volvió a preguntar, ayer le indicaron que la aseguradora debe enviar un documento en el que indique que una vez terminado el cupo dan por finalizada la cobertura del paciente con COVID-19.

Entonces la clínica enviaría ese documento al Seguro Social (IESS) para que cubra los otros días que necesite estar hospitalizado. Y ya no lo moverían de habitación ni de área.

Pero hay otro detalle adicional, comentó su esposa:

"Eso (la cobertura del IESS) está en aprobación (de la clínica) y en lo que el Seguro Social también apruebe, emita una orden, me dijo la señorita de admisión. Le digo: 'Pero y ¿cómo sabemos si le cubre o no el seguro?'. Y me dijo: ‘Bueno tendríamos que esperar algunos días, porque esa parte sí demora un poquito'".

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