Que las 13 personas privadas de la libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social de Turi, que impusieron un recurso de habeas corpus por presuntos maltratos físicos de parte de policías, se trasladen a otros sitios penitenciarios fue parte del dictamen del juez Esteban Vélez, el jueves pasado, quien dispuso además que los agentes les ofrezcan disculpas.
El traslado de los PPL deberá cumplirse en un plazo máximo de 30 días, mientras que la segunda parte en cinco días a partir de la resolución del juez.
En videos se ve a los PPL recibiendo golpes de toletes, o que están desnudos realizando ejercicios. Según los afectados, ello ocurrió el 31 de mayo pasado, cerca de las 10:00.
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En la denuncia se señala a agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
En un comunicado, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, rechazó lo que llamó “prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de PPL”. “Los funcionarios del sistema penitenciario, así como los agentes policiales y de Seguridad Penitenciaria, no pueden (...) afectar los derechos fundamentales de las y los internos”, indicó. (I)
