La tarde de este martes el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó por unanimidad convocar a una consulta popular para que los habitantes de esta ciudad decidan si quieren o no la presencia de proyectos de minería metálica a gran escala en zonas cercanas a los páramos y humedales dentro de la zona de recarga de los ríos Norcay, Machángara, Tarqui, Tomebamba y Yanuncay.
Tras la propuesta aceptada por los 15 concejales urbanos y rurales de la ciudad el siguiente paso será enviar a la Corte Constitucional el expediente y las cinco preguntas para que se realice un control de constitucionalidad sobre su contenido. El concejal Alfredo Aguilar explicó que de tener la venia de la Corte los habitantes de Cuenca responderán cinco preguntas que, según dijo, fueron redactadas con un lenguaje neutro, sin subjetividades e imparciales para que la gente no se confunda.
Para evitar que la Corte Constitucional rechace su pedido Aguilar explicó que se delimitó el área de influencia y la actividad específica por lo que en este sentido el texto que se envió para las cinco preguntas fue: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP? Sí () No ()”, reemplazando el nombre de los ríos por el Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Norcay en cada una.
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Para discrepar con esta propuesta del Concejo Cantonal utilizó la Silla Vacía el presidente de la Cámara de la Minería, Patricio Vargas, quien argumentó que para realizar una consulta de este tipo se debe modificar la Constitución por tratarse de una actividad estratégica del Estado ecuatoriano. Sin embargo, utilizaron como antecedente legal lo ocurrido en marzo del 2019 cuando se realizó una consulta similar en el cantón Girón.
Vargas manifestó que su siguiente paso será presentar a la Corte Constitucional un amicus curiae porque consideran que la decisión del Concejo no es viable y esperan que sea rechazada por los magistrados, tal como lo han hecho en tres ocasiones anteriores al pedido del prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel.
El concejal Cristian Zamora calificó de histórica esta sesión porque se protegerá las fuentes hídricas que rodean a la ciudad y nacen en las zonas altas del Parque Nacional Cajas. Aunque reconoció que la minería es necesaria porque genera desarrollo y trabajo, hay un bien superior que es el agua y la vida de los cuencanos, más cuando los efectos de la explotación minera se ven a mediano y largo plazo en una población.
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Se espera que la Secretaría del Concejo Cantonal ingrese en corto tiempo la decisión adoptada esta tarde y tener una respuesta en los próximos 30 días. De ser favorable analizan realizar la consulta en las próximas elecciones presidenciales a realizarse en febrero del 2021 o en el mejor de los casos en marzo de darse una segunda vuelta. El costo de la consulta de Cuenca lo deberá asumir el Municipio y según Zamora de coincidir con las elecciones se ahorrarían temas logísticos y en el mejor de los casos solo gastarán en la impresión de las papeletas. (I)
