A menos de cien días de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021, Ecuador se debate entre un Consejo Nacional Electoral (CNE) que no resuelve sus disputas internas ni consigue votos de confianza y candidatos a manejar los destinos del país que se presentan en tablets, transcriben con errores sus números de cédula o guardan silencio frente a las alertas que arroja la organización de los comicios.
La pandemia, la pugna política, la falta de presupuesto y el desinterés de los ciudadanos han puesto contra la pared y el tiempo al sistema electoral. Según una encuesta de Cedatos, realizada en septiembre pasado, el 85% de entrevistados afirmó, expresamente, no confiar en el CNE y solo dos de cada diez se manifestaron interesados en las próximas elecciones.
Los dos bandos que organizan las elecciones en el CNE -de un lado, la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero; y del otro, Luis Verdesoto y Enrique Pita- ventilan sus diferencias en público, con un lugar común como explicación: “en democracia siempre hay diferencias”.
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Sin embargo, en ese juego de proclamas, la organización de las elecciones revela cabos sueltos, según varios analistas consultados por este Diario.
Para el secretario del CNE, Santiago Vallejo, el calendario electoral no tiene retrasos ni inconvenientes. Asegura que, por ejemplo, ya se han aprobado 19 reglamentos y que están pendientes otros 23 (incluyendo los instructivos).
“Ha habido un proceso de inscripción de candidaturas impecable, con 14 binomios calificados y en firme. Hemos cumplido a cabalidad”, dice.
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Por el contrario, el consejero Luis Verdesoto advierte de serias deficiencias. E identifica a las cuatro que considera más urgentes.
La primera es que no hay aún un aval internacional al sistema informático -es decir, a la plataforma que permitirá el conteo de votos y publicación de resultados-; la segunda, la ausencia de un reglamento para la promoción digital de los candidatos; la tercera, la debilidad del plan de salubridad para enfrentar la pandemia; y la cuarta, la escasa regulación para evitar el uso de dineros ilícitos en las campañas.
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“Sobre esos temas no se hace nada. Sin un aval internacional al sistema informático, por ejemplo, se pone en duda todo. O miremos el caso Sobornos (que permitió la financiar de manera ilegal campañas de Alianza PAIS), la base legal está intacta para que suceda lo mismo”, añade.
Mauricio Alarcón, director del Observatorio al Financiamiento de la Política, señala que el CNE “hasta el momento solo ha superado baches”.
Arturo Moscoso, politólogo y abogado, no concibe la falta de preparación frente a la pandemia y la arbitrariedad en la aprobación de binomios que no cumplen con los requisitos legales (se refiere al caso de Arauz-Rabascall).
“Se están marcando precedentes preocupantes, que violan la Constitución (por caso UNES) y ponen en riesgo a la población (por la pandemia). Y lo peor es que cinco personas (los integrantes del CNE) no se puedan poner de acuerdo”.
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Las organizaciones políticas
En las redes sociales la campaña ya empezó. La promoción de figuras personales toma cada vez más fuerza frente a los tibios intentos por mostrar a la ciudadanía, por ejemplo, los procesos de democracia interna, las fuentes de financiamiento de los candidatos o los indicadores de equidad de género en las listas.
Un análisis de la la organización Participación Ciudadana (PC) revela que de 24 organizaciones políticas de carácter nacional, solo ocho cuentan con sitios web donde consultar información básica, como estructura interna, representantes nacionales y provinciales, planes de trabajo, mecanismos de rendición de cuentas o destino y origen de fondos de campaña.
La directora de PC, Ruth Hidalgo, advierte que los partidos y movimientos están en la obligación de explicar a la población sus planes de gobierno. “Se comete un error al pensar que las elecciones se ganan en las redes sociales o que la democracia se fortalece sin que se conozcan los planes de gobierno, solo con propaganda”.
Por otra parte, en el período de inscripciones fue evidente "la irresponsabilidad de los políticos", recalca Alarcón. “Parecería que los candidatos que no tienen idea de la emergencia sanitaria y realizan caravanas y concentraciones como si nada pasara, sin que nadie les diga nada. Es caótico: se promocionan en las redes sociales, haciendo gala de recursos privados que deberían imputarse a la campaña... Las consecuencias pueden ser graves y mucho tiene que ver la disputa dentro del CNE”.
Arturo Moscoso se declara pesimista frente a los comicios; mientras Ruth Hidalgo intenta ser más optimista y confía en que el CNE logrará sobre la marcha garantizar la transparencia de las elecciones.
Para Diana Atamaint, en cambio, el proceso marcha bien, ajustado al calendario electoral, con críticas más bien aisladas y con los protocolos de la pandemia bajo control. Es decir, sin mayores inconvenientes que amenacen a la democracia ecuatoriana. (I)
