Nos enteramos por la prensa de las millonarias ‘inversiones’, como solía llamarlas el hoy prófugo de la justicia, a la entrega por parte del Isspol (Instituto de Seguridad de la Policía Nacional) de $ 532 millones a ‘experto financiero’.
Causa asombro y extrañeza lo expresado por la ministra Romo, que todos los ecuatorianos tendremos que reponer el dinero de la estafa ($ 532 millones), debido a una ley del correato. Declaración que no debe admitirse, merece ser rechazada. ¿Por qué los ecuatorianos y en especial los más pobres tienen que pagar la presunta irresponsabilidad o el “error de buena fe” (disculpa esgrimida por los revolucionarios cuando adquirieron los terrenos en Samanes) de los funcionarios policiales? ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Compañías y Valores en el presente caso? Su titular, con entereza, admite a través de EL UNIVERSO (26/09/2020) que “varias instituciones que están bajo su vigilancia los engañaron; que también engañaron al Isspol”... Contraloría, Procuraduría y Fiscalía tienen la palabra. (O)
José Abel Ugarte Noboa, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil