Para minimizar los gastos electorales y fortalecer la democracia, el Código de la Democracia debe reformase en materia electoral, es decir que los candidatos presidenciales deben ser auspiciados por movimientos y partidos políticos que hayan tenido por lo menos el 15 % de los votos de la última elección nacional o seccional, y que los candidatos a asambleístas sean uno por cada provincia y sin asesores; también las instituciones electorales deben ser completamente independientes en sus funciones y competencias, a fin de prevalecer su soberanía y autonomía ante otras funciones y organismos del Estado.
Las instituciones electorales deben garantizar con transparencia el proceso electoral y sus resultados en el sistema democrático del país. Y los candidatos de elección popular deben publicar por la prensa su declaración patrimonial. (O)
Ángel Calderón Mayorga, economista, Guayaquil