Las últimas cifras de femicidio en nuestro país registradas en la Fiscalía General del Estado son de 443 víctimas.
Pensaría, sin embargo, que estas cifras solo corresponden al tiempo en que la crisis sanitaria del coronavirus ha transcurrido; pero en infografía publicada en la FGE detalla que la cifra corresponde al registro desde el 10 de agosto de 2014 al 29 de noviembre de 2020, es decir cuatro días antes de que el femicidio fuera tipificado como delito en el COIP; el mismo que reza en su artículo 141, que la “persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”; siendo la segunda pena mínima por este delito en la región. El desafío para quienes gobiernen en los próximos años en tema de violencia de género debería ser reformar el sistema de registro para que si una mujer es asesinada por ejemplo junto a dos hijos, se cuente como tres y no como uno; que cuando el perpetrador viole y asesine también se tipifique y juzgue por femicidio y violación. Sobre todo, debería ser sustancial la inclusión y participación del Gobierno central y los gobiernos autónomos, en la creación de políticas públicas, presupuestos, proyectos y leyes que respalden a sus ciudadanos y condenen a sus perpetradores. (O)
Yiara García Vélez, 23 años; Manta, Manabí