Seguramente con el objeto de defender a su superior, la ministra de Gobierno, en el juicio político planteado por tres legisladores para juzgar las actuaciones de la funcionaria en los sucesos de octubre de 2019, el comandante general de la Policía ha declarado que “la ministra no dispuso el uso progresivo de la fuerza, eso lo dispone la ley”.
Lo dicho me parece una muy peligrosa afirmación, y que por decirla quien la dice, puede ganar espacio como doctrina, según la cual las actuaciones de la Policía, de la fuerza pública, en general, dependerían únicamente de la decisión individual de cada miembro de las fuerzas del orden; se perdería el sentido del mando; ya no harían falta ni presidente ni ministros ni comandantes.
Las leyes disponen muchas cosas, pero no se activan solas; hace falta la disposición de la autoridad a cargo. Pensamientos así pueden haber conducido a la pasividad de la fuerza pública, en que se llegó al extremo de que varios de ellos fueron secuestrados, humillados. Por mi formación en el Colegio Militar Eloy Alfaro puedo decir que un soldado no toleraría que se humille a su uniforme.
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Quito y la Sierra Centro Norte vivieron, durante once días, una situación de anarquía: quemados edificios públicos, instalaciones de la prensa; las personas particulares organizándose para defender sus casas, sus barrios. Con frecuencia suelo recordar lo que me dijera el doctor Camilo Ponce: “Lo único que los pueblos no perdonan es la anarquía”. Sin un concepto tan claro, nos podemos imaginar lo que hubiera ocurrido en Guayaquil en junio de 1959, bajo su presidencia. Fue la voluntad del hombre de Estado, transmitida a las Fuerzas Armadas, a sus comandantes –no al libre albedrío de cada soldado– la que evitó el pillaje, la anarquía.
En el caso actual, por defender a la ministra, el comandante más bien la acusó de no haber ejercido la autoridad de la que a su cargo corresponde y haber permitido que los vándalos triunfaran.
El libro Octubre no es sino el relato de una derrota. No sabemos el desenlace de este juicio político, han fallado otros intentos, y la ministra hace uso con eficacia de ese molino de palabras que tiene a su disposición. Ha logrado hasta aquí, entiendo, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no incorpore al juicio el bullado asunto del reparto de los hospitales; tiene también pendiente otro asunto muy grave, el de los fondos del Isspol, de la seguridad social de la Policía, en el que se presenta como acusadora, pero que es, también, una acusación contra sí misma, pues ha sido durante dos años la presidenta del Isspol, y, por tanto, la principal responsable del eficiente manejo de esos fondos; debería contratarse una auditoría independiente, mejor una firma internacional altamente calificada, para que revise el manejo de esas cuentas, me parece que de más de seiscientos millones de dólares. Deben rescatarse los fondos, establecerse responsabilidades plenas, sin chivos expiatorios, pero con identificación de los beneficiarios. El periodismo de investigación, siempre tan eficaz, seguramente habrá tomado ya cartas en el asunto. (O)
