Guayaquil afronta arremetidas cíclicas de la delincuencia. Varias veces se han implementado planes para combatirla, logrando disuasiones temporales. Ahora, entre las causas del auge de la inseguridad se cita la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia de COVID-19, así como la falencia de algunos operadores de justicia. Pero los hechos delictivos se registran con mayor frecuencia, con más saña y audacia, por lo que también el combate al crimen debe evolucionar.
En lo que va de este año, las muertes violentas aumentaron el 36 % (87 más) en comparación con igual periodo del 2019.
Ante la ola delictiva de los últimos días y el clamor ciudadano, se ofrecen carpas, corredores seguros y la llegada temporal a Guayaquil de más de 500 policías que se sumarán a las acciones que ya se realizan, como la implementada el mes pasado al poner a dos generales a gestionar la seguridad ciudadana en la Zona 8 –conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón–, una de las más violentas del país, donde hasta esa fecha se habían registrado más de 280 asesinatos, la mayoría relacionados con el tráfico de drogas.
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Se ha dispuesto también que parte del mando policial se traslade a Guayaquil para que haga base en esta ciudad y se ha convocado al Comité de Seguridad para coordinar estrategias integrales contra la inseguridad.
La delincuencia común y el crimen organizado no están circunscritos únicamente a Guayaquil, a la Zona 8 o a la provincia del Guayas; las evidencias muestran que incluso hay interacciones extranjeras en el mosaico de hechos que tienen en zozobra a los ecuatorianos.
La actuación de la Policía, en prevención y en investigaciones, es solo un componente de la solución integral a la que debe arribar el Gobierno, que debe garantizar sanciones para los delincuentes, un saneamiento al sistema de rehabilitación social para que las bandas no sigan operando desde las cárceles, y ajustar la cooperación internacional para el control migratorio y el lavado de activos. (O)
