Mónica Villao era la doctora y recibía a un paciente no vidente, que era encarnado por Stalin Pérez. En la parodia de una consulta médica, la profesional desestimaba la ceguera de su interlocutor, que en la historia ficticia tramitaba un carné de discapacidad.
Luego ella atendió a un ciudadano cuyo papel fue de Hilton Rosado, el cual se valió de influencias en el ámbito del poder para obtener sin trabas, con la complicidad de la servidora de la Salud, el documento que requería el otro solicitante, en una escena que puso de manifiesto que de por medio estaba una recompensa para ella.
El sketch presentado en la plaza La Merced, al frente de la Fiscalía del Guayas, entretuvo a un grupo de ciudadanos con movilidad reducida y personas no videntes, más sus familiares, que habían llegado a manifestarse contra la corrupción en torno a la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad.
Publicidad
La audiencia sonrió, posiblemente asoció situaciones como propias o habituales en el proceso de obtención del documento que otorga beneficios a grupos vulnerables.
No obstante, la distracción fue pasajera puesto que luego los manifestantes retomaron su reclamo, mostraron otra vez indignación por procesos corruptos que han permitido que ciudadanos reciban el documento para la importación de carros de alta gama.
Esa ha sido la anomalía evidente dentro de investigaciones por sobreprecios en la adquisición de insumos para los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tramas por las que también abrieron procesos en torno a hospitales del MSP.
Publicidad
Daniel Salcedo es un procesado, portador de carné de discapacidad e importador de vehículos de alta gama, él y su círculo. Él permanece hospitalizado desde hace tres semanas en esta ciudad luego de sufrir un accidente de avioneta en suelo peruano, cuando –según la Fiscalía– intentaba huir de la justicia puesto que pesaba sobre él una orden de prisión.
Afuera de la Fiscalía del Guayas, situada en las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdova, Luis Coronel, del colectivo Mandantes, exigió sanciones en contra de tres ciudadanos que la organización había demandado. Uno de ellos, según él, fue campeón de karate, por lo que era inaudito que su supuesta discapacidad alcanzara más del 80 %. Otros dos nombrados eran asambleístas.
Publicidad
Guissella Padovani, abogada que representa a integrantes de grupos vulnerables, cuestionó que quienes necesiten del documento afronten trabas y exigió la anulación de los carnés entregados de forma dolosa.
Ángel Quinde expuso el supuesto mal trato que en noviembre del 2019 habría sufrido su mamá en el hospital del Guasmo, perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Mencionó al personal del área de Traumatología por supuesta desatención y falta de sensibilidad.
Comentó que ella necesita renovar el documento, que por eso necesitó de una valoración en un centro del MSP, que aunque sí fue atendida, aún no tiene documentos de respaldo para seguir con el trámite, cuando ya han transcurrido más de seis meses.
Pedro José Vásquez, quien cojea producto de dos tiros de fusil, uno en el pie y otro en la pantorrilla, sufridos cuando servía como conscripto, en 1983, dijo que fue calificado con el 35 % de discapacidad luego de años de lucha, de superar la supuesta pérdida de su expediente por su reclamo contra el Ejército nacional. Mencionó que aún enfrenta trabas para renovar el documento
Publicidad
Delegados de los manifestantes, muchos pertenecientes a asociados de ciudadanos con capacidades especiales, accedieron a la Fiscalía para exponer su queja ante la autoridad.
Anunciaron que seguirán luchando por justicia, esto es, participando de plantones semanales y demás. (I)
