Vivimos un tiempo babélico, de confusión de principios, de límites entre lo que es honrado, legal, y lo que no lo es. Revisemos algunos casos.

Autoridades estadounidenses detienen en Miami a dos asesores de la Presidencia de Petroecuador, que laboraron antes por algunos años en Controlaría, uno de los cuales llevaba en una maleta un cuarto de millón de dólares. El contralor acepta que esta persona es su pariente, lo que en principio no lo hace responsable, pero resta saber si ingresó a Contraloría bajo su patrocinio, durante la más de una década en que se desempeñó como subcontralor de Pólit, primero, y, más recientemente, como contralor encargado; y en qué tiempo y circunstancia pasó o pasaron de asesores de Petroecuador. Mala cosa es que no haya alternabilidad en el ejercicio de funciones públicas tan delicadas. No se designó contralor titular porque se dijo, ingenuamente, que la Contraloría iba a ser reemplazada por un Tribunal de Cuentas, lo que puede tomar mucho tiempo o no ocurrir nunca, pues se necesitaría una reforma constitucional; al presente, el contralor tendría que ser designado por el Consejo de Participación presidido por el cura Tuárez. ¡También habrían sido detenidos dos policías, lo que no se ha desmentido! La Fiscalía debe abrir un expediente.

Han tenido lugar matanzas en las cárceles, y de la presidencia de la República nos dicen que se trata de gente violenta y que no lo pueden evitar. ¡Han admitido su incompetencia y reconocido la anarquía! El Ministerio del Interior dice que la de las cárceles es responsabilidad del director del sistema penitenciario, con lo cual resulta que las prisiones son territorio aparte, excluido de la seguridad interior del país. Reconociendo su incapacidad de controlar la situación, rogaron auxilio al Ministerio de Defensa, que no tiene atribuciones para ello.

El Consejo Electoral, CNE, elude su responsabilidad en la ilegal inscripción de la candidatura del sacerdote Tuárez; sostiene que cumplió su deber al constatar que el candidato había hecho una declaración juramentada ante notario de no encontrarse inhabilitado para ser candidato. No se les ocurrió comprobar la veracidad de lo declarado. Se debe resolver la nulidad de la candidatura ilegal.

La Corte Constitucional ha sembrado la discordia al modificar, mediante interpretación, el texto constitucional que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Lo ha hecho basándose en una mera absolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una consulta de Costa Rica. La Corte Interamericana solamente “instó”, no “dispuso”, incorporar en las legislaciones el matrimonio igualitario. Entre los jueces constitucionales partidarios de este reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo están quienes han sostenido esta tesis en otros juicios en los que actuaron como abogados particulares; obviamente, ya ganaron esos casos. Este asunto debe resolverse en derecho, mediante reforma constitucional.

La Fiscalía se ha tornado lenta en casos graves de corrupción, como el financiamiento de la última campaña electoral, los INA papers, y, ahora, el de los detenidos en Miami.

Si al Ecuador le preguntamos: ¿Quo vadis? La respuesta será: no lo sé. (O)