Recuerdo uno de los escalofriantes capítulos de las Noticias secretas de América, de los oficiales españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en el que se relata que los conquistadores en castigo a los indios les hacían bajarse los calzones para ser azotados, y, luego, avancen, de rodillas, a besar la mano del verdugo, diciendo: “Dios se lo pague”. Se me viene esto a la memoria con ocasión de la elección próxima de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde su fundación en 1959, como continuación de la política de buen entendimiento entre EE. UU. y las repúblicas latinoamericanas, iniciada en la Conferencia Interamericana de 1890, se mantuvo la regla no escrita, proclamada por el presidente de EE. UU., el general Eisenhower, republicano, de que la Presidencia del BID la ejercería un latinoamericano. Esa regla fue respetada por republicanos y demócratas. El caso es que, ahora, el presidente Trump, republicano, ha postulado para el cargo a un estadounidense, y, sin chistar, varios Gobiernos latinoamericanos han aceptado que se modifique esta tradición, y, entre los primeros, Ecuador. Varios expresidentes latinoamericanos han hecho pública su inconformidad con la ruptura de esta saludable regla no escrita, que ha permitido una mejor comprensión de la realidad de la región. Esto parece consumado. Si el señor Trump no fuera reelegido, los Gobiernos latinoamericanos deberían plantear que se vuelva a tan útil tradición con la que se ha conducido el BID durante más de sesenta años.

Siguiendo con materias diplomáticas, resulta que todo lo anunciado sobre la austeridad en relación con la cuota política diplomática ha sido una farsa; de las últimas informaciones que se conocen, regresarían ocho embajadores, casi todos de carrera, y una sola de la cuota política, por cierre de la Embajada en Nicaragua. Además, retornarían unos 60 funcionarios de carrera de rangos inferiores, pero no por austeridad, sino porque han cumplido el periodo reglamentario de cinco años en el servicio exterior. Siguen, pues, en funciones diplomáticas los amigos y los parientes de los amigos. Un sistema parecido a la repartición en otras áreas, como la de los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como del IESS. Por estas reparticiones, en el exterior y el interior, aumenta el descontento ciudadano a pasos agigantados; no se atiende a los méritos de las personas para desempeñar cargos públicos, sino la cercanía al poder, a intereses obscuros, evidenciados en los escándalos de corrupción. En materia de ética política, la Conferencia Episcopal ha dirigido una Carta abierta al pueblo ecuatoriano con precisas lecciones para gobernantes y gobernados, y empieza manifestando: “Ante la escandalosa proliferación de casos de corrupción que afectan a nuestra sociedad ecuatoriana, en momentos en que nuestro pueblo sufre las dolorosas consecuencias de la pandemia…”. Y, más adelante, dice que el derecho a la vida, don de Dios, se ha convertido en “un miserable negocio”. Continúa, “éticamente, la corrupción es un crimen que condena a muerte a muchas personas necesitadas”. Pocas veces se escucha una orientación de ética, de condena de la corrupción, como en estas severas, luminosas, palabras. (O)