El presidente Moreno, sin inmutarse por sus fracasos anteriores, quiere designar a su cuarto vicepresidente. Un nuevo fracaso sería muy malo para él, y terriblemente dañino para el país. Luego de que seleccionó al tercero, el país pasó a vivir, a sufrir, la era de la pandemia mundial.
La pandemia sacó a relucir lo mejor del estoico pueblo, y lo más bajo, despreciable, de unas redes de corrupción que, como vampiros, succionaron, robaron, los escasos recursos de nuestra economía. Esos criminales abusos, aunque múltiples, se consagraron mejor en lo que se conoce como el reparto de los hospitales. La Fiscalía continúa identificando responsables, y llega a vincular, incluso, a legisladores que aparecen como beneficiarios del reparto, pero, hasta hoy, no identifica a los repartidores, a aquellos que tenían poder para hacerlo, y así obtener, al menos, apoyo para sus fines políticos.
El país admira a la fiscal por lo hecho, pero le reclama que no haya vinculado, todavía, a los que autorizaron el reparto, que no pudo producirse sin el conocimiento y el consentimiento, al menos tácito, de uno o más de los altos funcionarios que –¡Oh coincidencia!– integran la terna. Se imaginará el presidente las consecuencias de una nueva destitución de un vicepresidente en lo interno y lo externo, en los organismos multilaterales, en las bolsas internacionales, en el riesgo país. En las bancadas legislativas ya ha habido serios cuestionamientos sobre la responsabilidad de la ministra de Gobierno en el reparto de hospitales.
Por sus ansias de poder, por su prisa o por el temor de quedarse sin pan ni pedazo, se olvidaron de renunciar los secretarios antes de que se envíe la terna con sus nombres a la Asamblea, y violaron, por tanto, la Constitución, que prohíbe que sean candidatos –y la terna propone candidaturas–, entre otros, los servidores públicos, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de sus candidaturas, en este caso, a la fecha de presentación de la terna.
Sabiendo que la consecución de votos es en este momento ardua tarea, se diría que la primera de la terna quiere evitar una votación y ser elegida por el ministerio de la ley; puede temer, también, que alguno de los que le siguen tenga menos resistencia. Así ha ocurrido algunas veces en el pasado. La Asamblea Nacional debería empezar por calificar si las candidaturas han sido legalmente presentadas; si no lo fueran, debería rechazarlas. Antes de que eso ocurra, el presidente podría retirar las candidaturas, aunque no fuera sino para volver a presentarlas; aunque si reconociera que se incurrió en un error legal y, sobre todo, comprendiera la necesidad de inspirar confianza a la ciudadanía, podría aprovechar para presentar candidaturas de ciudadanos de prestancia, no envueltos en partidos políticos. Ciudadanos al estilo Clemente Yerovi Indaburu.
Se diría que el Gobierno, como lo hizo en el IESS, quiere conservar en su círculo más íntimo los secretos del poder. La ciudadanía ve con tristeza la descomposición del poder político, y anhela terminar este estado de putrefacción, de mediocridad, de ausencia de valores éticos. (O)
