Entre los temas que absorben la atención nacional están, hoy, la pugna de poderes por la exigencia de la Asamblea de que sea separada de su cargo la ministra de Gobierno y la aprobación o veto, total o parcial, del Código de la Salud.
Hablando de pugna de poderes, hay un antecedente parecido: en 1988, el Congreso interpeló y censuró a Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno del presidente León Febres-Cordero; este desafió la censura y Robles siguió en el Ministerio. El candidato del Partido de Gobierno (PSC), Sixto Durán-Ballén, y el director de campaña, que escribe estas líneas, le pedimos, privadamente, al ministro acatar la decisión del Congreso; inicialmente lo rechazó, pero ante la reacción nacional y el pedido, esta vez público, del candidato, Luis Robles dejó el cargo. En caso parecido se encuentra la ministra Romo, quien, luego de sufrir el desaire en la Asamblea de recibir una pobre votación en la elección para vicepresidenta, acaba de sufrir un nuevo revés por la exigencia unánime de la Asamblea al presidente de la República de destituir a la ministra; como no se trata de una censura formal, la ministra ha manifestado que continuará en el cargo con respaldo del presidente.
El pedido de la Asamblea está atado a la reprobación a las actuaciones del exasambleísta Mendoza, enjuiciado por el caso hospitales. La ministra ha defendido su inocencia elocuentemente, pero no ha podido desvirtuar su responsabilidad política en el reparto de hospitales, la construcción del de Pedernales, principalmente, y este INRI la acompañará a perpetuidad, a menos que deslinde responsabilidades en un proceso investigativo judicial; al no vincularle a la investigación, la Fiscalía no ayuda a la ministra, y compromete seriamente su propio prestigio personal, lo cual perjudica su credibilidad, su imparcialidad, en los procesos en curso contra miembros del anterior Gobierno.
Siguiendo con cosas de la salud, la Asamblea remitió al Ejecutivo un proyecto de Código de Salud, para que lo apruebe u objete, parcial o totalmente. La objeción total impediría que se legisle sobre materias largamente postergadas y que deben ser enfrentadas y resueltas. Quiero referirme, como ya lo he hecho antes, a que se debe declarar legal el aborto en casos de violación, a más del obvio de cuando la salud de la mujer lo requiera. El Ecuador es el segundo país con más alta tasa de embarazo adolescente y muchos de esos casos son producidos por violación, que tienen lugar, principalmente, en personas que viven en pobreza extrema y hacinamiento. Es antihumano tratar como sospechosa a una mujer que llega desangrándose y que tenga que esperar un interrogatorio antes de ser atendida. La confidencialidad entre la mujer y el médico no debe ser rota. Esa es la norma en los países civilizados.
El Ecuador debe adecuar su legislación a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso; de lo contrario, perderá todos los juicios ante la Corte. Escuché con satisfacción a monseñor Cabrera decir que estos asuntos en discusión no son materia religiosa y que están abiertos al diálogo. ¡Se abre el camino para un veto parcial! (O)
