Como defensa de los agresores que ataron, con cinta adhesiva a un poste, a una vendedora informal con discapacidad del habla y de audición, para vejarla con golpes en los glúteos y echándole agua en la cara mientras disfrutaban del hecho y filmaban el video que se viralizó la noche del pasado martes, se ha esgrimido el argumento de que se trató de una broma.
Si se admitiera como cierta esta afirmación, cabe un llamado a la reflexión sobre la manera en que las personas en nuestra sociedad aceptan el abuso sobre quienes están en relación de desventaja, para el disfrute de quien lo ejerce.
Esa aceptación social disimula la agresión hacia las personas en desventaja porque para consentirla y celebrarla previamente se la disfraza de broma, que escala a burla, humillación, maltrato y hasta tortura, cuando no termina incluso en atentado contra la vida.
Las relaciones de desventaja son innumerables y se dan en todo nivel. La broma, burla o trato peyorativo se dan incluso en ambientes en que se supone la existencia de afinidad, compromiso o respeto: los más grandes o fuertes atropellan a los pequeños o débiles entre familiares o compañeros de colegio, se mofa el profesor del alumno, el jefe o los compañeros de trabajo abusan del colaborador con perfil de mayor tolerancia, cualquier funcionario de atención al público ejerce su ‘poder’ sobre quien depende de su ‘voluntad’ para alguna gestión o trámite, y qué decir si el abusador viste un uniforme o porta algún tipo de arma autorizada para reprimir aunque solo se trate de un tolete.
Los antecedentes de la vulneración de los derechos constitucionales y derechos humanos por parte de las fuerzas del orden han sido registrados de manera reiterada. En el caso referido en el primer párrafo, en el grupo de los ‘bromistas’ se cuenta una agente de la Policía Metropolitana del cantón Durán. El alcalde de esa localidad presentó una denuncia formal y se realizaron detenciones, pero no bastan las sanciones; es necesario promover el respeto, que parece estar diluyéndose. (O)
