Torturas bajo el chavismo, advierte informe de la ONU

Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.

La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó.

“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la Acnudh, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el Gobierno venezolano.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para DD.HH.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio Gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani. “No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice Bachelet.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”, replicó el gobierno de Maduro.  “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable... en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.

La situación es 'compleja', admite Bachelet, quien pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados. 

Derecho a la alimentación
Pese a aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido, ya no se lo puede considerar un salario de subsistencia.  El programa de asistencia alimentaria, CLAP, no cubre las necesidades nutricionales. Falta de acceso a alimentos por la escasez y precios inasequibles. Personas comían una vez o dos veces al día, algunas mujeres se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo. Políticas económicas han debilitado sistema de producción; más personas dependen de asistencia alimentaria, dice el informe.

Derecho a la salud
La situación es grave. Éxodo de médicos y en enfermería. Familias de pacientes tienen que suministrar agua, guantes o jeringuillas. Carencias del 60 al 100%  de fármacos esenciales. Falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos; en algunas ciudades hay escasez del 100%. Aumento en la tasa de embarazos en adolescentes en el 65% desde 2015.  Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas murieron por falta de insumos. Cuarenta pacientes fallecieron como resultado del apagón de marzo de 2019.

Libertad de expresión
Gobierno ha creado un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. La situación ha empeorado en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos. Gobierno clausuró  emisoras de radio y suspendió canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo del extranjero, otros centenares están  exiliados. La velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente. Hay bloqueo a  sitios web de noticias independientes y redes sociales. 

Represión selectiva y persecución
Erosión del Estado de derecho y desmantelamiento de instituciones democráticas para reprimir y criminalizar a opositores. Bajo estado de excepción se activó plan de seguridad con aumento de la militarización de instituciones del Estado. Utilización de la población en tareas de inteligencia y defensa. Incluye a la Guardia Nacional,  Servicio Bolivariano de Inteligencia,  Fuerzas de Acciones Especiales y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, acusadas de ejecuciones extrajudiciales.

Detenciones y torturas
Al menos 15.045 personas fueron aprehendidas por motivos políticos entre 2014 y mayo de 2019. El Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias para intimidar y reprimir a la oposición política. Se sometió a mujeres y hombres a una o más formas de tortura como la aplicación de electricidad, asfixia con bolsas de plástico, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida... Se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas. Centros de detención superpoblados e insalubres.

Casos de ejecuciones
Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en vecindarios pobres. Identifican a las FAES como “escuadrón de la muerte”, responsable de centenares de muertes violentas, según oenegés. Llegan armados, visten de negro, con pasamontañas. Manipulan la escena del crimen. Autoridades clasifican las muertes violentas como “resistencia a la autoridad”. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes violentas y entre enero y el 19 de mayo de 2019, 1.569. Muchas pueden ser ejecuciones extrajudiciales.

Alimentación
Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, en especial los servicios maternos e infantiles.

Derechos Humanos
Adopte medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones a los derechos humanos, en particular las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, claras e imparciales de las violaciones a los derechos humanos. 

Justicia
Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todo acto de persecución y represión por política. Adopte medidas para proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas. 

 Investigar ejecuciones
Disuelva las FAES y fije un mecanismo imparcial, con apoyo internacional, para investigar ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas y que las víctimas sean reparadas. Revoque la clausura de medios de comunicación y permita el acceso a internet. (I)