Durante los dos últimos meses hemos estado desconcertados e impresionados del abuso de las facultades de los integrantes de la Función Electoral y del desprecio de las normas jurídicas y morales de las que hacen gala día a día, marginando su obligación de respetar y hacer respetar la democracia, sus procedimientos y sus valores éticos, como medios de la comunidad política de alcanzar el poder.
Inversamente, se han convertido en comparsas de ella y no han vacilado en someter a la sociedad civil a un estado de zozobra que amenaza la realización de las próximas elecciones y nuestro derecho oportuno de elegir. Reconocen los unos y desconocen los otros los derechos de participación de un movimiento político. Defienden intereses del juego al que nos han sometido quienes persiguiendo y ambicionando el poder pretenden gobernarnos utilizándolos a sus conveniencias.
Observamos estupefactos cómo el magistrado encargado de ejecutar la resolución del organismo que preside, con pleno conocimiento de sus efectos temporales en el cronograma electoral, ordenó el acatamiento de su fallo, que fija los plazos de una reparación que probablemente alterará el cronograma electoral y las elecciones.
Cuando creíamos que estos dos organismos electorales habían encontrado la salida al laberinto jurídico en que nos habían sumergido, el mismo magistrado levanta nuevos obstáculos sin importarle su efecto en el tiempo, desmantelando protagónicamente al Consejo Nacional Electoral y destituyendo a cuatro de sus consejeros, con lo que el riesgo respecto del sufragio oportuno subsiste.
El ping pong de destituciones constitucionales y administrativas, de acciones penales recíprocas de las que han hecho gala el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral avergüenzan y constituyen material noticioso matutino con la respuesta vespertina del contrario con otra acción similar. Expiden fallos cuya parcialidad pretenden disimular en la abundancia de sus páginas. Marginados de las responsabilidades penales, aprovechan la inmunidad que la legislatura del régimen anterior otorgó a sus funcionarios. Hacen tabla rasa de las leyes y un descarado abuso del derecho.
La corrupción, afirma sabiamente Juan Pablo II, traiciona los principios de la moral y las normas de la justicia e introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, genera un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. En el plano político distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político.
Las designaciones de los integrantes de la Función Electoral fueron espurias, fruto de acuerdos entre los partidos políticos. Les deben obediencia a sus nominadores. Sus resultados están a la vista. Son actuaciones políticas de la comunidad política revestidas de apariencia jurídica y una burla a los derechos de la sociedad civil por parte de estas autoridades. No les importa una eventual ruptura del orden constitucional que podrían ocasionar sus actuaciones en el desarrollo del proceso electoral. ¿Hasta cuándo? (O)
