Tras un sangriento fin de semana que dejó 12 muertos en Nicaragua, la comunidad internacional comenzó a debatir la situación en ese país y la represión contra las protestas que desde hace tres meses exigen la salida del poder del presidente izquierdista Daniel Ortega.
En tanto, cientos de estudiantes marcharon ayer en la capital para exigir justicia por las más de 280 personas que han muerto a manos de las fuerzas del Gobierno.
“El Gobierno ha impuesto una política de terror, pero llegaremos hasta el final por los muertos. Ortega no puede seguir gobernando”, dijo Axel Munguía, un estudiante de 20 años durante la protesta en Managua. “La lucha está en las calles, no vamos a regresar a clases mientras este hombre terrorista, genocida siga en el poder”, afirmó Juliana Munguía, estudiante de Psicología.
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Entre el viernes y domingo pasados la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieran en universidades tomadas por manifestantes y rompieran los bloqueos de vías en varias ciudades del país centroamericano. Doce personas murieron, según cálculos de organizaciones de derechos humanos locales.
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aseguró ayer que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para “restaurar la paz”. Aseguró que las protestas responden a “un plan terrorista y golpista acompañada por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional.
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, hicieron una declaración especial ayer, en la que exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
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Además llamaron al gobierno y a los otros sectores de la sociedad a buscar negociaciones pacificas. Francia y EE.UU. también criticaron al gobierno de Ortega.
La crisis de Nicaragua también era discutida ayer en una cumbre de cancilleres de la Unión Europea y la Celac.
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Legisladores
Diputados nicaragüenses del partido oficialista aprobaron la ley de Análisis Financiero, que permite al Parlamento investigar o intervenir todo negocio y a personas que se sospeche están vinculadas a actos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Expertos dicen que podría ser un arma del oficialismo contra sus adversarios, según el diario local La Prensa. (I)
