Ricardo Vasconcellos: Derogar la perversa Ley del Deporte, nada de parches

El 29 de enero pasado, Frank Maridueña, columnista de este Diario, exdeportista y licenciado en Comunicación Social con una prolífica y dilatada carrera en el deporte y el periodismo, autor de dos magníficos libros sobre el béisbol –que es su especialidad–, publicó un artículo titulado “Hay que desmontar la Ley del Deporte”, el que comparto en todas sus partes y que recoge el sentir de toda la masa deportiva nacional.

“A la larga habrá que desmontar todo el sistema centralista y buscar nuevas formas de financiar para administrar el deporte. Habrá que preparar una nueva ley y sus reglamentos para que se definan roles, funciones y tareas. La tarea es buscar personas que tengan pasión por el deporte, tiempo y espacio para atender este importante renglón de la actividad humana que ahora se apoya y fundamenta en ciencias como administración y gerencia deportiva y capacidad de gestión. Hay que buscar voluntariado que apoye la acción”, dice Frank en uno de los párrafos de su enjundiosa columna.

Hay que promover una campaña en todo el país y crear conciencia en la Asamblea Nacional para que se proceda a cortar de raíz ese engendro perverso que es uno de los cuerpos legislativos que ha quedado como herencia del autoritarismo, el desorbitado control de la vida nacional y la captación política del deporte como valor de propaganda de la llamada “década ganada”.

La actual Ley del Deporte fue formulada en las cuevas del burocratismo estatal con la asesoría de los ‘especialistas’ españoles y venezolanos que redactaron la Constitución de Montecristi, en 2008. Basta leer el texto constitucional y la Ley del Deporte de 2010 para advertir que fueron concebidas y escritas por los mismos que hicieron de ambos históricos ejemplos de mazamorra pseudojurídica inentendible.

Verbigracia: “Art. 4 – Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna”.

Al asumir el mando en 2007 la deformación ideológica de Rafael Correa lo hizo incurrir en aquello que en el derecho político se ha llamado “el poder del puño”, que no es otra cosa que el poder autoritario, concentrado en una sola mano, cerrada, y por eso mismo, no participativo y excluyente. Esta modalidad de ejercicio político pone bajo censura las opiniones divergentes, castiga las contestaciones, desconfía de los ciudadanos, gobierna infundiendo miedo. La única relación que admite es la adhesión acrítica y el servilismo. Los regímenes dictatoriales corporifican “el poder del puño”.

En esta perspectiva existía un segmento de la vida social que obraba con autonomía y era regido por voluntarios: el deporte. Un sistema así era insoportable ante el “poder del puño”. Se decidió entonces elaborar una ley que permitiera sojuzgar a los organismos deportivos a los dictados imperiales que partían de Carondelet. En julio de 2010 los asambleístas de mayoría gobiernista, llamados “los borregos”, alzaron la mano para aprobar la actual Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

En 2012 vino la embestida con la intervención a 42 federaciones deportivas nacionales. Los interventores nombraron directorios mediante procedimientos turbios e ilegales con miras a apoderarse del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Toda la torcida historia, el papel del ministro José Francisco Cevallos y la complicidad de dos miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) están narrados con sobra de veracidad documental por César Pólit Ycaza en su espléndida obra en dos tomos titulada Estado y Deporte: Amigos y enemigos íntimos.

¿Cómo garantizar la adhesión de los organismos deportivos? Asfixiándolos económicamente para crear una subordinación servil. El primer paso fue derogar el impuesto del 5% a los impulsos telefónicos, cuyos recursos pasaban directamente a las federaciones provinciales y nacionales. Se estableció que en lo sucesivo el Estado iba a asignar una suma a cada organismo. Así, cada federación debía ir a las dependencias centralistas para rogar que le despacharan su presupuesto.

Desde Carondelet se ejerció presión para la renuncia del presidente del COE, Danilo Carrera Drouet. El ministro Cevallos ordenó que los interventores nombren los directorios de cada federación nacional y convoquen a una asamblea para elegir a la nueva directiva. El escogido para suceder a Carrera fue Augusto Morán, quien ejercía las funciones de viceministro de Deportes y era el segundo de a bordo de Cevallos. Todos los demás que integraron el COE estaban en las filas gobiernistas.

¿Y qué hacer con las federaciones provinciales? La atribución de elegir al directorio recaía en una mayoría que representaba a organismos del Estado. Así, en Guayas, resultó electa la hermana del presidente de la República, quien representaba al Ministerio de Salud.

Y al fin, en 2014, terminó el último rezago de la autonomía con la creación de la Empresa Pública de Centros de Alto Rendimiento, encargada de manejar el Plan de Alto Rendimiento. Las federaciones nacionales por deporte dejaron de tener autoridad técnica y esta fue asumida por “expertos” extranjeros.

Una clara muestra de lo poco que vale el criterio técnico de una federación acaba de ocurrir con el nadador guayaquileño Tomás Peribonio Ávila, el mejor representante ecuatoriano en piscinas. Peribonio, de 21 años, se halla en la categoría Avanzados del Plan de Alto Rendimiento y solicitó la recategorización para poder afrontar en mejor forma su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Federación Ecuatoriana de Natación, presidida por Jorge Delgado Panchana, emitió el 4 de enero anterior un informe favorable al pedido del nadador, considerando que, en el último Campeonato Mundial de Hangzhou, China, obtuvo un tiempo de 4 minutos, 15 segundos, 08 centésimas en 400 metros cuatro estilos, el mismo que representa marca A para los Olímpicos, aunque la acreditación se inicia el próximo 1 de marzo.

“Basados en este criterio técnico, el deportista cumple con los criterios para clasificar en la categoría Tokio 2020, puesto que se ubicó sexto en el último Campeonato Mundial de China y su proyección es encontrarse entre los cinco mejores a nivel panamericano”, dijo el informe de Jorge Delgado.

La FENA emitió un informe a favor del nadador Tomás Peribonio para ser recategorizado en el Plan de Alto Rendimiento. No se hizo. Es hora de derogar la perversa Ley del Deporte.

A esto se agregó una recomendación de Gregg Troy, entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos, y quien dirige a Peribonio en Gainsville, Florida. Troy, quien tiene entre sus pupilos a los campeones olímpicos Ryan Lochte y Elizabeth Beisel, dice en una carta a la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, que su pupilo, el guayaquileño Peribonio, va en camino de ser finalista olímpico.

Los criterios técnicos de Delgado y Troy no sirvieron de nada. Un colombiano llamado Eduardo González, que carece de conocimientos acerca de la natación, despreció irónicamente el rendimiento internacional de nuestro nadador y recomendó no subirlo de categoría, según testimonio de Tomás Peribonio padre. Otro experto del Plan de Alto Rendimiento, Henry Revelo, de quien tampoco sabemos si conoce del tema natación, también negó la recategorización.

Este caso, como el de la marchista Glenda Morejón –a quien le negaron ayuda hasta que consiguió un título mundial juvenil– nos obligan a pedir al conglomerado deportivo nacional una acción firme para conseguir que se derogue la Ley del Deporte, se humanice el Plan de Alto Rendimiento y vuelva el deporte a ser manejado por voluntarios sin pretensiones políticas.

Es hora de derogar de raíz la ley y no de pequeños parches de tono reformista.(O)